Síntesis Económica Empresarial por @leonalfa.

Aspectos más importantes y consideraciones generales de la Ley Antimonopolio. 

En la Gaceta extraordinaria N° 6.151, de fecha 13 de noviembre de 2014, se publica el Decreto presidencial N° 1.415, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

Este decreto tiene por objeto promover, proteger y regular el ejercicio de la competencia económica justa, con el fin de garantizar la democratización de la actividad económica productiva con igualdad social, que fortalezca la soberanía nacional y propicie el desarrollo endógeno, sostenible y sustentable, orientado a la satisfacción de las necesidades sociales y a la construcción de una sociedad justa, libre, solidaria y corresponsable, mediante la prohibición y sanción de conductas y prácticas monopólicas, oligopólicas, abuso de posición de dominio, demandas concertadas, concentraciones económicas y cualquier otra práctica económica anticompetitiva o fraudulenta.

Son sujetos de aplicación de este decreto las personas naturales o jurpidicas de carácter público o privado, nacionales o extranjeras, con o sin fines de lucro, que realicen actividades económicas en el territorio nacional o agrupen a quienes realicen dichas actividades.

Quedan excluidos de este decreto:

1. Las organizaciones de base del poder popular regidas por la Ley orgánica del Sistema económico comunal.

2. Las empresas públicas o mixtas de carácter estratégico.

3. Las empresas estadales de prestación  de servicios públicos.

De acuerdo a esta Ley se prohíben las conductas, prácticas, acuerdos, convenios, contratos o decisiones que impidan, restrinjan, falseen o limiten la competencia económica.

Prohibiciones particulares:

-Se prohíben las actuaciones o conductas de quienes, no siendo titulares de un derecho protegido por la Ley, pretendan impedir u obstaculizar la entrada o permanencia de empresas, productos o servicios en todo o parte del mercado.

-Se prohíbe toda conducta tendiente a anipular los factores de producción, distribución, comercialización, desarrollo tecnológico o inversiones, en perjuicio de la competencia económica.

-Se prohíben los acuerdos o convenios que se celebran directamente o a través de uniones, asociaciones, federaciones, cooperativas y otras agrupaciones de sujetos de aplicación de este decreto que restrinjan o impidan la competencia económica entre sus miembros.

-Se prohíben los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas concertadas para.

Fijar de forma directa o indirecta, precios y otras condiciones de comercialización o servicio.
Limitar la producción, la distribución, comercialización y el desarrollo técnico o tecnológico.
Restingir inversiones para innovación, investigación y desarrollo.
Repartir los mercados, área territoriales, sectores de suministro o fuentes de aprovisionamiento entre competidores.
Aplicar en las relaciones comerciales o de servicios, condiciones desiguales para prestaciones quivalentes que coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a otros.
Subordinar o condicionar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos del comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.
-Se prohíben las concentraciones económicas que produzcan o refuercen una posición de dominio en todo o parte del mercado, o que puedan generar efectos contrarios a la competencia efectiva, la democratización en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. Quedan exceptuadas las pequeñas y medianas empresas y cooperativas.

-Se prohíben los contratos entre los sujetos de aplicación de esta ley, en lo que se establezcan los precios y condiciones de contratación para la venta de bienes o prestación de servicios a terceros, y que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, falsear, limitar o impedir la competencia económica justa, en todo o parte del mercado.

-Se prohíbe el abuso por parte de uno o varios de los sujetos de aplicación del decreto de su posición de dominio, entodo o parte del mercado nacional, y en particular quedan prohibidas las siguientes prácticas:

La imposición discriminatoria de precios y otras condiciones de coercialización o de servicios.
La limitación injustificada de la producción, de la distribución o del desarrollo técnico o tecnológico en perjuicio de as empresas o de prestación de servicios.
La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios.
La aplicación en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a otros.
La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos del comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.
-Se prohíbe posición de dominio:

Cuando determinada actividad económica es realizada por una sola persona o grupo de personas vinculadas entre sí, tanto en condición de comprador como de vendedor y tanto en su condición de prestador de servicios como en su calidad de usuario de los mismos.
Cuando existiendo más de una persona para la realización de eterminado tipo de actividad, no haya entre ellos competencia efectiva.
-Se tendrá como personas vinculadas entre sí, las siguientes:

Personas que tengan una participación del 50% o más del capital de la otra, o ejerzan de cualquier forma el control sobre ella.
Las personas cuyo capital posea el 50% o más, de las personas indicadas en el ordinal anterior, o que estén sometidas a control por parte de ellas.
Las personas que, de alguna manera, estén sometidas al control de las personas ques e señalen en los numerales anteriores.
-A los efectos de establecer sí existe competencia efectiva en una determinada actividad económica, deberán tomarse en consideración los siguientes aspectos:

-El número de competidores que participen en la respectiva actividad.

-La cuota de participación de cada competidor en el respectivo mercado, así como su capacidad instalada.

-La demanda del respectivo producto o servicio.

-La innovación tecnológica que afecte el mercado de la respectiva actividad.

-La posibilidad legal y fáctica de competencia potencial e el futuro.

-El acceso de los competidores a fuentes de financiamiento y suministro, así como a las redes de distribución.

Sobre la competencia desleal

Se prohíben las prácticas desleales, engañosas y fraudulentas e la producción, distribución y comercialización, en cualquiera de sus fases por ser contrarias a la democratización económica y por ser capaces de desplazar en forma real o potencial, total o parcial a los sujetos de aplicación de la Ley que realicen una misma actividad económica, o de los ciudadanos en el ejercicio de su derecho al acceso oportuno y justo a bienes y servicios.

Se entenderá como Prácticas desleales:

-La publicidad engañosa.

-La simulación o imitación

-El soborno comercial

-Violación de las normas.

Superintendencia Antimonopolio

Se crea la Superintendencia Antimonopolio que es un órgano desconcentrado sin personalidad jurídica propia co capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, que se regirá por las disposiciones de la presente Ley. Su sede será en Caracas y podrá establecer dependencias en otras ciudades del país.

Esta Superintendencia estará a cargo de un Superintendente de libre nombramiento y remoción, y se designará un Superintendente Adjunto. Ambos durarán 4 años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser designados para nuevos períodos.

En caso de que la Superintendencia Antimonopolio determine la existencia de prácticas prohibidas luego de un procedimiento podrá:

Ordenar la cesación de las prácticas prohibidas en un plaza determinado.
Imponer condiciones y obligaciones determinadas al infractor.
Ordenar la supresión de los efectos de las prácticas prohibidas.
Imponer las sanciones que prevé este decreto.

Sanciones

Quines incurran en las prácticas o conductas prohibidas tipificadas en esta Ley, podrán ser sancionados por la Superintendencia con multa de hasta 10% del valor de sus ingresos brutos anuales, la cual podrá ser incrementada hasta 20% en caso que concurran circunstacias agravantes. En caso de reincidencia, la multa se aumentará a 40%.

El cálculo de los ingresos brutos anuales a los que se refiere la sanción será el correspondiente al ejercicio económico anterior a la resolución de la multa.

La Superintendencia podrá imponer, independientemenete de las multas a que se refiere la Ley, multas entre 1% y 20% del valor del patrimonio del infractor, a aquellas personas que no cumplan las órdenes contenidas en las resoluciones dictadas.

Estas multas podrán ser aumentadas sucesivamente en un 50% del monto original, si en el lapso previsto no hubieren sido canceladas por el infractor.

Fuente: Finanzas Digital.

Leonardo Santana. Internacionalista. @leonalfa